Resumen: El demandante de revisión debe agotar previamente los remedios procesales que le permitan dejar sin efecto la sentencia y, entre ellos, el proceso de rescisión de sentencia firme. Si la demanda de rescisión de la sentencia firme es manifiestamente improcedente (porque claramente no se dan los supuestos del art. 501 LEC o ha transcurrido manifiestamente el plazo del art. 502) no impide que transcurra el plazo de caducidad de la demanda de revisión. En este caso, la demanda de rescisión no fue manifiestamente improcedente y no era exigible el incidente de nulidad de actuaciones. El demandante del proceso de origen, al que se dio vista del emplazamiento negativo, alegó que desconocía el domicilio del demandado y pidió el emplazamiento por edictos, aunque sabía que residía en un país extranjero, lo que no comunicó al juzgado. Una de las manifestaciones de la maquinación fraudulenta es aquella en que incurre quien oculta el domicilio del demandado, con la consecuencia de que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía. En estos casos, la revisión tiene su fundamento en que no cabe prescindir de la llamada a juicio en forma personal cuando existe una posibilidad directa o indirecta de localizar al interesado. La maquinación fraudulenta concurre no solo cuando se acredita una intención torticera en quien ocultó el domicilio, sino también cuando consta que tal ocultación se produjo por causa imputable al demandante y no al demandado. Se estima la demanda.
Resumen: Demanda de revisión frente a sentencia que estimaba la demanda interpuesta contra el ahora demandante en el ejercicio de una acción de reclamación de cantidad por responsabilidad en el asesoramiento, dirección y defensa del expediente de incapacidad y posterior proceso laboral por despido de su cliente. En dicha sentencia se tuvo en cuenta la negligencia del abogado por haber presentado fuera de plazo una demanda de despido. En la demanda de revisión se alega como motivo el previsto en el art. 510.1.1º LEC, al haber obtenido un documento que acreditaría que el asesoramiento y defensa del demandante fueron correctos y consentidos por el cliente respecto de la cuestión de presentar la acción de despido en el Juzgado a pesar de estar caducada y que de haberse dispuesto del mismo antes, el juzgado no hubiera dictado sentencia estimatoria de la demanda de indemnización de daños y perjuicios por negligencia profesional. La sala desestima la demanda al considerar que el demandante no ha acreditado el cumplimiento del plazo de 3 meses desde el descubrimiento del documento contemplado en el art. 512.2 LEC. En cuanto al fondo, se desestima al no concurrir los requisitos del art. 510.1.1º LEC al ser un documento anterior a la sentencia cuya revisión se pretende, firmado por ambas partes, sin que se justifique la razón por la que no lo tenía en su poder, ni por la que no intentó su obtención y aportación al pleito, ni que se haya debido a fuerza mayor o a obra de la otra parte.
Resumen: Demanda de revisión por supuesta maquinación fraudulenta consistente en no indicar el demandante al juzgado los datos útiles de que disponía y que hubieran permitido localizar a la parte demandada, condenada en rebeldía. Cumplimiento de los plazos legales para la interposición de la demanda de revisión: presentación dentro del plazo legal. Por lo que respecta al plazo de tres meses desde el descubrimiento de la maquinación, debe tenerse en cuenta que se instó la nulidad de actuaciones, procedimiento que, en atención a las razones alegadas, no debe considerarse un recurso manifiestamente improcedente. Doctrina jurisprudencial sobre la maquinación fraudulenta como causa de revisión de las sentencias firmes. La maquinación fraudulenta consiste en una actuación maliciosa que comporte aprovechamiento deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios que ocasionan una grave irregularidad procesal y originan indefensión. Una de sus manifestaciones es la ocultación del domicilio del demandado para que se le emplace por edictos y seguir el juicio en rebeldía. El demandante tiene la carga de que se emplace al demandado cuando se le puede localizar y de hacerlo así, incurre en ocultación maliciosa constitutiva de maquinación fraudulenta. En este caso la demandante designó el domicilio social y fue el juzgado el que intentó el emplazamiento a través de la sede electrónica del 155 LEC.
Resumen: Demanda de revisión. Agotamiento de los remedios procesales. Audiencia al rebelde. Es doctrina de esta sala que antes de presentarse la demanda de revisión se deben haber agotado todos los remedios procesales. En el presente caso , la parte demandante pudo y debió instar la rescisión de sentencia firme pues tuvo conocimiento del procedimiento entablado contra él dentro de los cuatro meses de plazo que fija el art. 502 LEC y sin embargo no planteó dicha acción de rescisión de sentencia firme, en cuanto rebelde, en ese plazo legalmente establecido de cuatro meses. El procedimiento de revisión es subsidiario, es decir, antes de su iniciación se deben agotar todos los remedios procesales posibles, y en este caso no se hizo. Por tanto, no habiendo agotado los remedios procesales que la ley ponía a su disposición con anterioridad a la demanda de revisión, debe desestimarse la misma.
Resumen: Se desestima la demanda de revisión interpuesta frente una sentencia firme que había desestimado una acción reivindicatoria al entender que los demandantes no acreditaban la titularidad del camino litigioso y que catastralmente figuraba como de la titularidad del Ayuntamiento de Requena. Con posterioridad, este ayuntamiento aprobó un acuerdo municipal (dictado en un expediente de investigación iniciado a solicitud de la parte interesada) en el que se certificaba que el camino litigioso no era de su titularidad. La demanda de revisión se sustenta en el art. 510.1.1. LEC, con fundamento en el acuerdo municipal referido. La sala desestima la demanda porque para que dicho documento pudiera motivar la estimación de la demanda de revisión habría sido necesario que no se pudiera haber obtenido el mismo por fuerza mayor o por causa ajena a los demandantes y en ese caso, dado que la parte demandada esgrimió la certificación catastral, bien pudieron los aquí demandantes haber propuesto prueba al respecto en el procedimiento inicial, y no lo hicieron. De haber propuesto prueba en relación con el Ayuntamiento de Requena se podría haber clarificado la situación dentro del procedimiento inicial. Por esta razón, no concurre el motivo previsto en el art. 510.1.1º LEC, para revisar la sentencia firme. Se pretende transformar el procedimiento de revisión en una tercera instancia; los demandantes de revisión debieron agotar las posibilidades probatorias en el proceso de origen y no lo hicieron
Resumen: Concepto de maquinación fraudulenta y requisitos para que dé lugar a la revisión de una sentencia firme. Ocultación maliciosa por el demandante de datos que permitan la localización del demandado para proceder a su emplazamiento o citación, y que lleva a su emplazamiento por edictos y a que se sustancie el juicio en rebeldía. Relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. La maquinación fraudulenta consistente en la ocultación maliciosa del domicilio del demandado concurre objetivamente no solo cuando se acredita una intención torticera en quien lo ocultó, sino también cuando consta que tal ocultación, y la consiguiente indefensión del demandado, se produjo por causa imputable al demandante y no a aquél. El demandante tiene la carga procesal de que se intente la citación o emplazamiento del demandado en cuantos lugares pueda ser localizado y debe desplegar una diligencia adecuada, pero no le es exigible una diligencia extraordinaria. La apreciación de maquinación fraudulenta exige una irrefutable verificación de que se ha llegado al fallo por medio de argucias, artificios o ardides encaminados a impedir la defensa del adversario, de suerte que exista nexo causal suficiente entre el proceso malicioso y la resolución judicial y ha de resultar de hechos ajenos al pleito, pero no de los alegados y discutidos en él. La revisión de sentencia firme es un medio de impugnación extraordinario y excepcional cuyas causas deben interpretarse con criterio restrictivo.
Resumen: En el documento recobrado, consistente en informe grafológico emitido por el gabinete de policía científica en el que se concluía que la firma de la arrendadora, que no había sido tenido por auténtica en el proceso civil afectado por la revisión, en realidad sí lo era, concurren circunstancias específicas que se apartan de la regla general, según la cual los informes periciales no tienen el carácter de documento a los efectos de servir para instar la revisión de una sentencia firme. Para ello, valora que: (i) el informe pericial no ha sido solicitado ad hoc por la parte demandante de revisión, sino que su práctica fue acordada de oficio en el proceso penal posterior incoado como consecuencia del testimonio deducido por orden judicial en el proceso civil previo; (ii) ha sido emitido por un organismo oficial altamente cualificado y ajeno a cualquier sugestión de parte; y (iii) es de fecha anterior a la sentencia de segunda instancia, pero cuando se dictó ésta, no estaba disponible para la parte. La Sala en consideración a esas concretas y especificas circunstancias, estima que concurren los presupuestos para considerar que el documento en que se basa la solicitud de revisión tiene la cualidad legal de documento recobrado, a efectos del art. 510.1.1º LEC, todo ello de conformidad a los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la propia Sala.
Resumen: Demanda de revisión de sentencia firme por maquinación fraudulenta en un juicio ordinario que se siguió en rebeldía, al resultar infructuoso el emplazamiento de la mercantil demandada. Cuando tuvo constancia del procedimiento, la demandada se personó en las actuaciones de ejecución y planteó un incidente de nulidad de actuaciones que se rechazó; también se interpuso una denuncia penal. La sala desestima la demanda de revisión, al entender caducada la acción ya que denuncia penal no interrumpe el plazo de caducidad, pues como ha declarado la propia sala, quien pretenda la revisión de la sentencia firme puede interponer la demanda de revisión dentro del plazo previsto y si el proceso penal seguido por la falsedad del documento o del testimonio no hubiere finalizado aún por sentencia firme, puede solicitar la suspensión del proceso de revisión por prejudicialidad penal, justamente por la pendencia del proceso penal que se siga por los delitos de falsedad documental o falso testimonio, suspensión que se alzará una vez que exista sentencia firme. Declara la dala que, en este caso, desde que se presentó el incidente de nulidad de actuaciones el 19 de diciembre de 2018 (desestimado por auto de 8 de mayo de 2019), hasta el 14 de enero de 2020 en que se interpuso la demanda de revisión, transcurrieron más de tres meses, por lo que debe declararse caducada la acción para instar la revisión.
Resumen: Demanda de revisión. Maquinación fraudulenta. La demanda de revisión se basa en la existencia de maquinación fraudulenta a la hora de emplazar a los que fueron demandados. Estos últimos fueron emplazados en el local subarrendado cuyas rentas y demás gastos se reclamaban. A través del Punto Neutro Judicial se hallaron otros domicilios, en los que se intentó, sin éxito, el emplazamiento. La parte demandante facilitó el emplazamiento y no fue responsabilidad suya que no se consiguiera, dado que se intentó en el domicilio que constaba de los demandados. Procede rechazar la existencia de maquinaciones fraudulentas, dado que el emplazamiento se intentó efectuar en el domicilio efectivo de los demandados.
Resumen: Demanda de revisión formulada por un socio -también acreedor- de una sociedad mercantil concursada contra el auto en el que se acuerda la declaración del concurso voluntario, la conclusión del mismo por falta de activo y la extinción de la personalidad jurídica de la concursada. Naturaleza extraordinaria del proceso de revisión, como excepción al principio de irrevocabilidad de las sentencias firmes, que impone seguir un criterio restrictivo que impida la vulneración del principio de seguridad jurídica, en cuanto afecta a la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial firme. Plazo de tres meses para el ejercicio de la acción de revisión, que debe computarse desde el día en que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad. En el caso: el comienzo del plazo de tres meses se inicia en el momento en que el demandante de revisión conoció o pudo conocer el auto objeto de revisión; el auto fue publicado en el BOE y se anotó en el Registro Mercantil; correspondía al demandante justificar por qué no pudo conocer con esa publicidad el auto de declaración y conclusión del concurso, y justificar cómo lo conoció más tarde; transcurso de más de tres meses desde que se hizo público el auto de concurso por los medios de publicidad previstos en la Ley Concursal, con lo que se pudo conocer la causa de revisión; caducidad de la acción y desestimación de la demanda.
